Hasta los quince años, ayudar a su madre a criar a sus seis “hermanitos”, como ella los llama, y cultivar el pedazo de tierra que tenían eran sus principales problemas. Fue entonces, cuando ingresó en la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) según ella de forma forzada: “iban por las veredas y cogían a los pelaos (niños) y ya”. Allí pasó dos años de los que habla mucho sobre su formación como enfermera y labores propias de mantenimiento (cocinar, buscar leña, limpiar…) y muy poco sobre los combates. Sólo cuando explica por qué se escapó menciona un disparo que le alcanzó en un enfrentamiento con el Ejército. “Me cansé de ver tanta injusticia, cómo tumbaban pueblos enteros, cómo mataban niños, gente inocente. La ideología es bonita (…) pero los hechos son muy atroces”. Luz se inscribió entonces en el Plan Nacional de Reinserción del Comité Operativo para la Dejación de las Armas como desmovilizada de la guerrilla. “Por haberme entregado voluntariamente, supuestamente teníamos algunos derechos como un capital semilla para reintegrarnos a la sociedad, pero nunca lo cumplieron”. Luz Agüelo asegura que entregó armas, munición así como documentos de la organización. Según estos datos, el Estado debería haberle concedido una ayuda económica de quince salarios mínimos mensuales, en el caso de que quisiera estudiar grados superiores el 50 por ciento de los gastos, así como seguro médico y una ayuda para emprender micro empresas u otros proyectos laborales. Nada de esto se ha cumplido.

Luz en primer plano, mientras su marido consuela a su madre (Javier Bauluz / Periodismohumano)

Pero el pertenecer a la guerrilla no le evitó perder familiares a manos de ninguno de los bandos de esta guerra. Un tío asesinado por los paramilitares, otro tío en un ataque a una estación de policía del pueblo antioqueño San Franciso por parte de las FARC, un hermano miembro también de la guerrilla asesinado por paramilitares junto a siete amigos, todos ellos menores de edad, y finalmente su hermano Norvey, de diecisiete años que fue asesinado cuando iba a visitar a su novia por los paramilitares.

Luz Agüelo sabe desde hace diez años dónde está enterrado su hermano Norvey. Alguien le había mostrado el lugar pocas semanas después de la desaparición. Pero de aquello hace diez años y entonces no eran tiempos apropiados para ir a desenterrarlo, denunciar su desaparición y ni  tan siquiera para hablar mucho del asunto. Su pueblo, San Francisco en el departamento de Antioquia, ha sido muy castigado por la guerrilla y por los paramilitares. Y es muy probable que se cruzaran con los asesinos a menudo.

Así que hoy, tras muchos años de silencio, su madre, una mujer silenciosa, robusta y con un rostro de profundas arrugas que le echan encima veinte años más de los cuarenta y pocos que tiene, y ella han emprendido el camino hacia la montaña acompañadas por un equipo de la Fiscalía de Antioquia que a la semana hace una media de cuatro búsquedas de víctimas de los paramilitares, guerrillas y Ejército. Junto a una loma dedicada al cultivo de patatas, tras un par de intentos fallidos y gracias a la pericia del forense que ya intuye los lugares elegidos por los asesinos, el olor de la tierra extraida con una sonda presagia que ahí, justo debajo de nuestros pies hay enterrado alguien o algo. Por el olor y la textura, el forense anuncia que el cadáver de lo que hay enterrado ahí es más reciente que el de su hermano. “Así nos ha pasado, que vamos por uno, no lo encontramos y nos llevamos a otro”, explica el forense a Luz cuando se asusta ante la posibilidad de encontrar los restos que no sean los de su hermano. Tras la excavación de un pequeño agüjero, el forense encuenra un escapulario y confirma “Aquí hay un paciente”.

La madre se acurruca tras un árbol. Llora, aunque contenida. Más bien parece petrificada. Su hija pregunta “¿Y si las pruebas de ADN demuestran que no es mi hermano, seguirán buscándolo?”, pregunta Luz. “Claro, el problema es que por esta zona unos amiguitos tuyos dejaron unas bombitas” le contesta el forense, que trabaja codo con codo con los militares para poder acceder a zonas de presencia guerrillera. Muchos compañeros han perdido miembros del cuerpo por el efecto de las minas antipersona fabricadas artesanalmente, o incluso la vida.

Pero la madre y la hermana del “paciente” no han venido solas. Les acompaña el marido de la joven, un ex paramilitar con el que se casó hace unos cuatro años y con el que comparte la vida como desmovilizados y un pasado vinculado directamente a la guerra, aunque enfrentados. Son muy afectuosos entre ellos. Han caminado de la mano todo el camino y él le acaricia la cara cuando ella empieza a tiritar ante el descubrimiento, poco a poco, de un cuerpo pequeño, vestido con botas de agua. El sitio del enterramiento coincide con un riachuelo de agua subterránea. Éste hecho ha favorecido la conservación del cuerpo de algunos de los tejidos del cuerpo que, junto al agua, rellenan la ropa dando la falsa impresión de que bajo éstas sigue habiendo carne.

La madre reconoce la ropa, la hermana recuerda que tenía el pelo igual de largo que algunos de los que aún hoy permanecen pegados al cráneo. El marido ex paramilitar tiene los ojos vidriosos y el rostro colorado. Cuesta imaginar los pensamientos que cruzaran su mente. No habla en todo el día. Se turna en la tarea de consolar a su suegra y a su esposa. Ambas permanecen como dos fantasmas.

El forense recoge los restos ayudado por los ropajes, lo que evita que la madre tenga que ver huesos ni otras sustancias que hagan más duro el momento. Apenas una hora más tarde, apenas quedan huellas de lo ocurrido. El propio ex paramilitar junto al ayudante del forense ha rellenado con tierra la fosa. Una bolsa de plástico negro precintada, de apenas cuarenta centimetros cuadrados, basta para lo que ha quedado de este joven.

De camino al hospital más cercano en una furgoneta pick up de la Fiscalía, el matrimonio de jóvenes viaja en la bañera del automóvil junto a la bolsa de los restos. Los socavones del camino provocan que la bolsa se mueva entre sus pies. La hermana tiene un rictus de recogimiento, mientras su marido no deja de abrazarla en un respetuoso silencio. “Muchos piensan que uno hace esto por interés de un dinero que le van a dar, pero no. Uno hace esto porque tiene la oportunidad de recuperar a sus familiares y para uno es una gran satisfacción. Que uno es muy pobre y acepta las ayudas que le den, pues claro. Pero, eso no va a tapar todo el daño y el dolor que los paramilitares nos hicieron. Uno no olvida”.

Este año, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Thomas McNamara, alerta sobre el aumento de violaciones de derechos humanos por parte del ejército y llega a cuestionar la versión de los militares que declararon haber matado a nueve guerrilleros en combate. “La investigación de Instrucción Criminal y la Procuraduría sugieren con fuerza (…) que los nueve fueron ejecutados por el Ejército y después vestidos en traje de fatiga. Un juez militar que llegó a la escena aparentemente se dio cuenta de que no había agujeros de bala en los uniformes que coincidiera con las heridas de los cuerpos de las víctimas…”, se lee en el documento desclasificado.También avisaba de que los recientes crímenes cometidos por el Ejército ocurrieron “en el curso de operaciones conjuntas de grupos para-militares armados en las cuales participaron oficiales y reclutas”.

Cuatro años más tarde, el entonces embajador Myles Frechette coincidía en esta versión de los hechos(PDF) y aludía al “body count”, es decir, al número de bajas como una forma por la que los militares buscaban el ascenso. El funcionario Adjunto de Defensa de la Embajada apuntaba que “oficiales de campo que no pueden demostrar una trayectoria de agresiva actividad anti-guerrillera quedan en desventaja a la hora de los ascensos”. Y los documentos desclasificados siguen constantando esta realidad ya en la década de los 90.

Sin embargo, ha sido a partir del 2000 cuando han aparecido más pruebas sobre los vínculos entre los paramilitares y el Ejército, sobre todo a partir de las declaraciones de los jefes paramilitares desmovilizados.

Vínculos entre el Ejército y los paramilitares

Operativo militar en la selva de Antioquia para localizar fosas de los paramilitares (Javier Bauluz / Periodismohumano)

La estrecha colaboración entre sectores del Ejército y grupos de paramilitares está en el mismo génesis de este fenómeno como vimos en el primer capítulo de Desentrañar Colombia. Sólo en este último mes de mayo, once jefes de los paramilitares entregaron una lista de veinte oficiales y suboficiales de la Policía, generales, comandantes y otros rangos del Ejército, así como agentes de la Agencia de seguridad colombiana, llamada DAS, que ayudaban a las autodefensas en los departamentos de Mare y Casanare. Según estos testimonios, les pagaban más de 200 millones de pesos (unos 85.000 euros) al mes a estos miembros de las Fuerzas Públicas para asegurar su complicidad, y no precisamente para combatir a la guerrilla, sino para facilitar el negocio de la cocaína, compra de armas, la extorsión para facilitar la entrega de las tierras por parte de sus propietarios a multinacionales, convirtiéndolos en desplazados, así como la desaparición de guerrilleros, líderes comunitarios, periodistas o defensores de derechos humanos.

Así lo explica el ex paramilitar Manuel Ramírez ‘Mocho’ en el video cuando alude a cómo la comandancia de la policía “a cada rato me llamaba al comando, vea, aquí está esta lista para sacar (matar) gente de aquí del pueblo”.

Las reuniones entre altos mandos castrenses y paramilitares están documentadas. Los años de mayor colaboración entre ambos tuvieron lugar entre 1997 y 2002, la llamada etapa de expansión del paramilitarismo, en la que los grupos de extrema derecha se unen bajo la bandera de las Autodefensas Unidas de Colombia, uniendo sus programas con vistas a lograr un espacio para la negociación con el Estado como actor político. Quieren hacerse con las zonas controladas por la guerrilla y donde tienen sus fuentes de financiación gracias al narcotráfico y comienzan contra la población civil, puesto que en gran medida, los enfrentamientos entra estos grupos armados se dan en el seno de las poblaciones. Son los años más sangrantes en número de víctimas civiles. El ejército y la policía se alía en muchos casos con los paramilitares bien sea para conseguir réditos de sus sangrientos combates con la guerrilla o bien movidos por los réditos económicos que les suponían el apoyo a las AUC.

Pese a que se han abierto muchas investigaciones sobre estos hechos, y que la Fiscalía tiene constancia de al menos 120 oficiales del Ejército y una docena de generales implicados en crímenes cometidos con los paramilitares, hasta ahora, los pocos militares juzgados y condenados pertenecían a los rangos medios y bajos. Pero, en noviembre de 2009, el general Jaime Humberto Uscátegui fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de Mapiripán. Durante cinco días, paramilitares de todo el país arrasaron con la población de este municipio del departamento de Mate, mientras el gobierno, la Fiscalía, el Comité de la Cruz Roja y el Ejército eran conscientes de los crímenes. En el lugar de los hechos estaban presentes militares y polícía antinarcóticos colombianos y estadounidenses. Ninguno de estos cuerpos hizo nada. En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia (PDF) por estos crímenes e instó a que se investigasen los hechos y condenase a los responsables. Esta condena histórica por tratarse de la primera vez que la Justicia ordinaria juzga y condena a una alta sanción a un alto oficial por violaciones de derechos humanos,  muestra una nueva jurisdicción que está siendo liderada por valientes jueces que a cambio tienen que enfrentarse a amenazas a su vida y a una vida condenada a férreas medidas de seguridad. Una sentencia que según altos mandos del Ejército han sido definidas como parte de la “guerra jurídica” de las Farc, de unas ONG que buscan dinero o de los enemigos del gobierno.

Estos son sólo ejemplos de la connivencia, en algunos casos, y colaboración en muchos otros en la que han trabajado las Fuerzas Públicas y los paramilitares durante las dos últimas décadas.

Los ‘falsos positivos’

A finales de 2008, la comunidad internacional se escandalizó ante las evidencias de que el Ejército llevaba años contabilizando bajas en combate contra las guerrillas que en realidad se trataban de hombres pobres a los que vestían con uniformes y mataban para conseguir méritos en la carrera militar. Se acababan de descubrir los cadáveres de diecinueve civiles de la localidad de Soacha y Ciudad Bolívar aparecidos como bajas en combate en el Norte de Santander. Las madres de Soacha, un grupo de valientes mujeres familiares de estás víctimas, que ha roto la ley del miedo, son en gran medida las responsables de que Estados Unidos y Europa no puedan decir que no lo sabían. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación tiene documentados casi mil casos vinculados con lo que se han llamado “falsos positivos” y que en Derecho Humanitario Internacional son ejecuciones extrajudiciales. Según las organizaciones de derechos humanos podrían ser muchos más que dos mil.

Todas las declaraciones sobre falsos positivos coinciden en que son jóvenes pobres, a los que suelen ofrecerles trabajo engañados, o a los que invitan a bares o prostíbulos donde los emborrachan hasta hacerles perder casi la conciencia. Y después, cuando ya los tienen aislados, les ponen un uniforme, un arma y los matan.

Uno de estos casos es el que tuvo lugar en el departamento de Meta, donde la Fiscalía calcula que entre 2002 y 2004 el Ejército recibió más de 100 personas vivas que después presentó como muertos en combate. Luis Alex Arango Cárdenas, alias ‘Chatarro’, jefe de uno de los grupos de las AUC que actuaba en la región explicaba recientemente que “los militares le mostraban resultados a sus superiores así, pero además podían bajar la presión sobre nosotros gracias estos supuestos positivos”.

Porque estas ejecuciones extrajudiciales pretenden presentar tanto a guerrilleros como a paramilitares caídos en combate. En este segundo caso, suelen ser los propios jefes paramilitares los que ofrecen a los más débiles o a los que quieren castigar de su propio grupo.  Como explica el ex paramilitar Manuel Ramírez ‘Mocho’ en el video “Hay una lista de ocho o diez manes (paramilitares) que eran malos o infiltrados, pues cogían a los manes y los amarraban, cogían los fusiles más malos que había, y (los militares) se los llevaban con ellos y hacían un operativo con ellos como ‘que hemos dado de baja a no sé cuántos` y los fusiles que se llevaban los traían pero nuevos”.

Como hemos visto, los militares juzgados por colaboración con los paramilitares o por ‘falsos positivos’ son muy pocos y no hay cifras exactas disponibles. Además, el Fuero Militar, que restringe la acción judicial de estos casos a los tribunales militares, ha facilitado que la mayoría de estos casos no hayan sido juzgados. Y ante la reciente sentencia a 30 años de prisión impuesta al coronel Alfonso Plazas Vega, por la desaparición forzada de varias personas en noviembre de 1985, tras la toma del Palacio de Justicia ocupado por la guerrilla M-19, ha abierto una nueva brecha entre los grupos de derechos humanos y el presidente Uribe. Éste último ha expresado una “profunda tristeza” por esta condena y ha declarado que “nosotros vamos a tener que pensar en un proyecto de ley para evitar el desestímulo en las Fuerzas Armadas de Colombia” porque considera que una cosa es la defensa de los derechos humanos y otra el maltrato a las Fuerzas Públicas.

Descuartizamientos y hornos crematorios

Un paramilitar desmovilizado colabora con la Fiscalía en la localización de fosas en los alrededores de una antigua base de los paramilitares en zona controlada por las FARC. Departamento de Antioquia (Javier Bauluz / Periodismohumano)

Desaparecer a los enemigos de cualquier manera para no dejar rastro. Ésa fue la orden dada a finales de los noventa por los mandos de los grupos de paramilitares colombianos, las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los enemigos de la patria, supuestamente los aliados de las guerrillas que ponían en riesgo los intereses de los terratenientes y de las multinacionales, pero que en la práctica era todo aquel que cuestionara la omnipotencia de estos grupos: pequeños campesinos para arrebatarles las tierras, maestros, sindicalistas,  periodistas, defensores de derechos humanos…. Todos ellos han sufrido los embates de los paramilitares y de las guerrillas dando lugar a intervalos de cifras desorbitadas para un país de cuarenta y cinco millones de habitantes y considerado por Europa y Estados Unidos como un ejemplo de democracia para todo el continente latinoamericano: el segundo país con más desplazados internos, más de tres millones, sólo después de Sudán; más de 30.000 desaparecidos según la Fiscalía y las organizaciones sociales, respectivamente; de los asesinados directamente no hay cifras.

El ex paramilitar Manuel Ramírez "Mocho" (Javier Bauluz / Periodismohumano)

Pero según todos los indicios, parece ser que a los paramilitares no les bastaba con los descuartizamientos con hachas o motosierras para sembrar el terror en el resto de la población, así como para facilitar la tarea del enterramiento, como cuenta en el documental el ex paramilitar Manuel Ramírez. Tampoco fue suficiente la excavación de fosas comunes, como la descubierta hace un año junto al cementerio de La Magdalena, a 200 kilómetros de Bogotá, donde se encontraron los restos de más de 1.000 personas asesinadas por los paramilitares y que según uno de los miembros de una delegación británica de sindicalistas y parlamentarios que visitó el país en diciembre de 2009, “desde los crímenes nazi no se tenía constancia de algo así”.  Ni siquiera aprovechar los ríos como agujero negro donde arrojar los cuerpos bastó para su macabra imaginación, como demuestran los testimonios de decenas de paramilitares.

La existencia de hornos crematorios llevan años presentes en las conversaciones de los departamentos más asediados por el paramilitarismo y de las organizaciones de Derechos Humanos. Pero, fue a partir de la expatriación de 13 jefes paramilitares a Estados Unidos, según el gobierno por haber incumplido el Proceso de Paz al que se sometieron y continuar con el negocio del narcotráfico desde la cárcel, cuando sus declaraciones ante la Justicia estadounidense confirmaron el temor. Salvatore Mancuso, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, el paramilitar más sangriento y poderoso de Colombia, que ha reconocido su participación en más de 300 asesinatos, incluído el de una niña de 22 meses, y que el bloque paramilitar que él comandaba es responsable de más de 5000 asesinatos. El paramilitar con dos carreras universitarias y que aprendió inglés en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, confesaba ante una sala estadounidense mientras todo el país colombiano le observaba en directo a través de la televisión, cómo en 1999 el que por entonces era máximo mando de las AUC, Carlos Castaño, ordenó a todos los grupos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia la construcción de hornos crematorios para disminuir las pruebas de los cada vez más frecuentes homicidios y masacres. Fue en aquellos años cuando empezaron a descubrirse las primeras fosas comunes. Mancuso añadió que la orden de “desaparecer personas era un favor que Carlos Castaño les estaba haciendo a las autoridades”.

La declaración de Mancuso no fue la primera pero sí la más simbólica. Ya unos meses antes, precisamente uno de sus subordinados, Jorge Iván Laverde Zapata, declaró ante la Fiscalía de Medellín, Antioquia, su participación en la incineración de más de 100 personas en un terreno donde después construyó su propia casa.

Desde entonces, las investigaciones en esta línea se han reforzado gracias especialmente al trabajo de varios investigadores de la Unidad Nacional Justicia y Paz. Gracias a las declaraciones de un paramilitar desmovilizado han podido reconstruir el funcionamiento de estos hornos. Parte de la información ha sido publicada por Verdadabierta.com, un proyecto que conjuga la investigación académica y el periodismo “para desvelar la verdad y reconstruir la memoria histórica sobre el conflicto armado colombiano de los últimos años”, y que está apoyado por organizaciones internacionales como Open Society Institut o la Agencia de Asuntos Extranjeros de Canadá. “Hay muchos muertos que no se han encontrado porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié estos hechos”. Según el testimonio de este paramilitar cuya identidad no ha sido publicada para que pueda seguir colaborando en el esclarecimiento de los hechos, entre 1995 y 1997, los paramilitares retenían a sus víctimas, las mataban y muchas de ellas fueron arrojada al río Cauca, en el suroeste del departamento de Antioquia. “Los cuerpos se abrían, se les echaban piedras y se arrojaban al río“. Pero los asesinatos y masacres eran cada vez más numerosos y de ahí la orden del Estado Mayor de la AUC, Carlos Castaño Gil, de los hornos. “De la construcción se encargó Daniel Mejía, era de las AUC y de la Oficina de Envigado (una organización de narcotraficantes, paramilitares y sicarios). Lo estrenaron con un tipo de nombre Alberto, de la Oficina de Envigado. Lo echaron vivo ahí porque se había robado una plata. El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria`, creo que se llamaba Ricardo; dos señoles le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tabapan con grasa humana”. El paramilitar sitúa la finca donde estaba ubicado y describe con detalle el horno. “Nos decían que ahí no podíamos fumar. En el horno solo cabía una persona. Los cuerpos eran enganchados al mesón. Cuando subía la temperatura los cuerpos se levantaban. Mucha gente se moría antes de entrar al horno”. Según recuerda, en la semana eran incineradas entre diez y veinte personas. “Cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían ‘esos insumisos llévelos para el fondo’. Llegábamos adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban ‘¿quién manda eso?’. Alias J y Daniel mandaban mucho”. El paramilitar declaró que había participado en los crímenes “A unos los llevé muertos y a otros los llevé vivos. Llevé más de cincuenta muertos y vivos más de quince”.

Trabajadores de organizaciones de derechos humanos y periodísticas consultadas por periodismohumano y que prefieren ocultar su identidad por seguridad, nos han confirmado que han mantenido contacto con varios paramilitares que les confesado la existencia de estos hornos. Uno de ellos, cuya conversación tuvo lugar hace cuatro años, antes de que se publicara el anterior testimonio, coincide de hecho con la localización del horno descrito anteriormente. También nos relataron cómo no siempre se quemaban en hornos si no que también al aire libre y públicamente para generar terror entre la población. Éste es el caso del líder indígena Héctor Amalva Aquiles, de la comunidad San Andrés de Sotavento, en el departamento de Zucre. Tras ser asesinado por los paramilitares y enterrado, volvió a ser desenterrado, rociado con gasolina e incendiado.

La abogada Adriana Arboleda, integrante de la reputada organización Corporación Jurídica por la Libertad, dedicada a la defensa de las víctimas de crímenes de lesa humanidad de todos los actores violentos de este país, y experta en la actividad de los paramilitares, explica que “hemos recibido muchos testimonios sobre que hay hornos incluso en el área metropolitana de Medellín. Fue una práctica extendida no sólo en Antioquia, sino también en los departamentos de Santander, Putumayo… Imaginamos que el propósito era borrar huellas de los crímenes de lesa humanidad. ¿Que por qué no han encontrados hornos? Porque no ha habido una voluntad por parte de las instituciones”.

Fotos Javier Bauluz

Capítulo 1

Por el estado de abandono de sus salas, nadie sospecharía que el edificio en el que nos encontramos fue en su día la residencia del narcotraficante más poderoso del mundo y que llegó a convertirse en senador suplente del parlamento colombiano: Pablo Escobar. El Edificio Mónaco, una construcción de ocho plantas, situado estratégicamente para tener una visión completa del Valle del Aburrá, que acoge a la ciudad de Medellín, desde donde se vislumbran las chabolas donde viven miles de desplazados que tuvieron que abandonar sus tierras y hogares en el interior del país para salvar sus vidas de la criminal voracidad de los grupos armados del país.

El edificio, más parecido a un búnker que al palacete que las excéntricas historias sobre el narcotraficante harían esperar, ha sido aprovechado por el Estado colombiano para reconvertirlo en la sede administrativa de la Fiscalía del departamento de Antioquia, cuya capital, Medellín, es la segunda ciudad más importante por población y economía del país después de Bogotá. Entre paredes desconchadas y mesas de oficina que han vivido sucesivos traslados, trabajan unos setenta empleados públicos que entre otras tareas, gestionan la puesta en práctica de la Ley Justicia y Paz con la que ,según el gobierno de Álvaro Uribe, se busca acabar con el fenómeno del paramilitarismo y la reparación de las víctimas. Una de las personas que se ha beneficiado de esta ley ha sido Manuel Adam Ramírez, apodado “Mocho”, un paramilitar desmovilizado, término aplicado para aquellos militares que colaboran con la justicia para el esclarecimiento de los crímenes y a cambio reciben disminución en las penas, en los pocos casos en los que son condenados a prisión, y ayuda económica. Manuel colabora ahora con la Fiscalía localizando fosas de desaparecidos por los paramilitares.

Desentrañar Colombia comienza con Confesiones de un ex paramilitar, una serie de tres capítulos en la que conoceremos el fenómeno paramilitar en Colombia a raíz del testimonio de Manuel Adam Ramírez y de reportajes escritos.

Un paramilitar desmovilizado busca fosas asesinadas por él y su grupo junto a un puesto paramilitar en zona controlada por las FARC en Antioquia. Acompaña a miembros de la Fiscalía para beneficiarse del proceso Justicia y Paz. (Javier Bauluz / Periodismohumano)

La verdad extraditada: el fenómeno paramilitar en Colombia

El pasado 25 de Mayo, Álvaro Uribe se reunía con la Corte Suprema de Justicia para discutir lo que en palabras del Presidente es “una cuestión de Estado y de orden público, no sólo de justicia”.

La reunión, a petición del Gobierno, tenía como objetivo cuestionar la negativa del alto tribunal –calificada de dañina- de avalar la extradición de “Diego Vecina”, “El Alemán” y “Don Mario”, antiguos jefes paramilitares reclamados por Estados Unidos por narcotráfico y financiación al terrorismo. Para el tribunal, los jefes paramilitares acusados de cometer delitos de lesa humanidad, deben comparecer primero ante las autoridades nacionales y reparar a las víctimas de sus crímenes.

En Marzo de 2009, Miguel Mejías, alias el “Mellizo” y Ever Veloza, alias “HH”, jefes de las autodefensas “Bloque Bananeros” y “Bloque Calima”, se sumaban a la lista de 14 jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico en Mayo de 2008. Entre los extraditados de los llamados “escuadrones de la muerte” se hallaban importantes líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Salvatore Mancuso, alias “Triple Cero”; Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”; o Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”; responsables de masacres contra la población civil, desplazamientos forzados, torturas y desapariciones forzadas. Mientras que el presidente Uribe siempre ha mantenido que “nada impedirá a los ciudadanos extraditados que sigan confesando crímenes y entregando bienes”, lo cierto es que esta práctica dilata y obstruye las investigaciones y complica el fin de un proceso de desmovilización que ha permitido el hallazgo de más de 1.300 cadáveres en fosas comunes y el establecimiento de nexos entre paramilitares, políticos, empresarios y militares.

La extradición de los jefes de las Autodefensas representa el mayor obstáculo al que se enfrenta el proceso de “Justicia y Paz” con el que se busca la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los grupos paramilitares. Los datos son esclarecedores: desde su extradición hace dos años, tan sólo seis jefes han continuado su proceso judicial en Justicia y Paz.

Este proceso, amparado bajo la Ley 975 de 2005 impulsada por el Ejecutivo, ofreció un respaldo legal a las negociaciones alcanzadas en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito de 2003 entre el Gobierno de Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia, cuyo fin era el de lograr la desmovilización de estos grupos armados al margen de la ley. Esta ley fue criticada por las organizaciones de víctimas y familiares de éstas, así como por las Naciones Unidas, por las bajas condenas a los paramilitares y por no requerir una confesión total sino lo que se ha llamado “versiones libres”, o declaraciones parciales, que según este organismo dificulta el desmantelamiento del fenómeno y la reparación de las víctimas.

Algunas de estas “versiones libres” ofrecidas por los líderes paramilitares han sido relevantes para el esclarecimiento de numerosos crímenes cometidos por los bloques de autodefensa. Las “versiones libres” prestadas por uno de los principales jefes de las AUC, Salvatore Mancuso, fueron cruciales para la apertura el 7 de Diciembre de 2006 del “expediente madre” de parapolítica, el cual contiene testimonios que relacionan a congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y otros funcionarios públicos con los grupos paramilitares. Entre los señalados por Mancuso se encuentran el actual presidente Uribe, a quien afirma haber apoyado durante su campaña presidencial en 2002 y el candidato presidencial Juan Manuel Santos, quien según el ex jefe paramilitar, le propuso crear un grupo paramilitar en Bogotá.

Miembros de la Fiscalía acompañados por más de cien soldados acompañan a un paramilitar a localizar fosas en zona controlada por las FARC en Antioquia (Javier Bauluz /Periodismohumano)

La legalización de un nuevo concepto de seguridad privada

Podríamos situar los orígenes de las Autodefensas en la doctrina de contrainsurgencia lanzada en los años 1960 por el Presidente norteamericano J. F. Kennedy, destinada a combatir en América Latina cualquier amenaza revolucionaria de inspiración cubana. Por aquel entonces, en 1966 nacían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como una asociación armada de campesinos liberales cuyo fin era oponer resistencia a la violenta represión de los escuadrones de la muerte conservadores durante el gobierno de Laureano Gómez. Las bases legales de la participación de civiles en actividades de contrainsurgencia las pondrá el presidente Guillermo León Valencia, quien mediante el Decreto 3398 de 1965, legaliza temporalmente el suministro de armas a civiles por parte del Ministerio de Defensa. Dicho decreto se convertiría en permanente bajo el gobierno de Carlos Lleras, quien en 1968 promulga la Ley 48 que facultaba la creación de patrullas civiles y el suministro de “armas de uso privativo de las fuerzas armadas”. Pese a que la Corte Suprema declaró esta ley inconstitucional en 1989, estos grupos de autodefensa siguieron gozando de un apoyo generalizado por parte de políticos y de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Pronto, estos grupos paramilitares evolucionaron desde una estrategia de contrainsurgencia inicial a una lucha por intereses de mayor rango, estableciendo nexos de unión con narcotraficantes, élites regionales, terratenientes, grandes empresarios, multinacionales y políticos locales, opositores férreos a toda posible negociación y redistribución de tierras y poder con insurgentes y liberales. Su objetivo por tanto no se limitaba a protegerse de las FARC sino a eliminar toda persona que confrontara sus intereses, incluyendo congresistas, alcaldes, jueces, periodistas, sindicalistas, maestros y defensores de derechos humanos.

Durante el gobierno de César Gaviria, el movimiento paramilitar recibe un importante impulso. En febrero de 1994, se adopta la ley 356 que autoriza la formación de organizaciones armadas destinadas a actividades de vigilancia e inteligencia, llamadas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, CONVIVIR. Este proyecto de “seguridad privada” fue promovido por el entonces gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, el hoy todavía presidente de la República de Colombia.

Será a finales de los años 1990 cuando los grupos armados de autodefensa comiencen a adoptar una estructura y organización común. La centralización política y militar se logró mediante la creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) a finales de 1994 y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en abril de 1997, como una federación de varios grupos regionales de contrainsurgencia. En estos años (1998 y 1999) se intensificaron los ataques contra la población civil siendo las regiones más afectadas Santander, Chocó, Sucre, Antioquia y los valles de Magdalena Medio y el Cauca. Sus actividades, como el mismo jefe de AUC, Carlos Castaño reconoció, eran financiadas por los “principales agentes económicos de las regiones” donde operaban.

Analizando el fenómeno paramilitar en el conflicto colombiano observamos que corresponde a un modelo de “seguridad privada” sobre el que el Estado delega su función coercitiva y en el que todos los ciudadanos han de ser partícipes en la lucha contra el “enemigo común”. Existe un discurso elaborado en el que se sustenta las bases del modelo de Seguridad Nacional lanzado por el Presidente Uribe, y que entra en perfecta consonancia con la historia de estos grupos armados al margen de la ley. La legítima defensa justifica su presencia y convierte la seguridad en una cuestión que compromete a la población en su totalidad.

La “Política de Seguridad Democrática”

Las Cooperativas de seguridad y vigilancia -CONVIVIR- creadas en 1994 con el apoyo del actual presidente, fueron un experimento de lo que hoy es su “Política de Seguridad Democrática” cuya prioridad esencial es la lucha contra los insurgentes y el narcotráfico. Para este fin, su programa combina un incremento de efectivos militares y policiales, con la erradicación de cultivos ilícitos, la concesión de poderes policiales a los militares, y lo que configura los ejes de la participación de la sociedad en actividades de contrainsurgencia: la organización de milicias campesinas y el establecimiento de más de un millón de colaboradores e informantes civiles. Este proyecto traza así una fina línea divisoria entre combatientes y población civil.

La Administración Uribe ha logrado incrementar la seguridad en las carreteras con el apoyo de EE UU, mediante un gran despliegue militar y un presupuesto para Defensa que triplica el de Educación y es el mayor de América Latina. Uribe ha sacado a la insurgencia de los centros urbanos importantes y de los alrededores de las principales vías, pero el conflicto se desplaza a zonas rurales. La guerrilla empieza a recuperar posiciones y tiene presencia en 24 de los 32 departamentos. El candidato presidencial Juan Manuel Santos ya ha anunciado que continuará con este proyecto de seguridad. Pero tiene un borrón: era ministro de Defensa cuando saltó el escándalo de los «falsos positivos», la ejecución extrajudicial de al menos 1.800 jóvenes fálsamente presentados por el ejército como “guerrilleros muertos en combate”. El mismo Presidente Uribe, tras conocer la investigación interna del Ministerio de Defensa sobre este hecho, declaró: “Yo he pedido resultados, no crímenes.”

Éste proyecto encaminado al logro de resultados contra “el enemigo” ha contribuido a un flagrante aumento de violaciones de derechos humanos en el país. Las “chuzadas”, espionaje y amenazas al que la agencia estatal de seguridad, el DAS, ha sometido a periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos ha sido el último escándalo. Colombia, pese a su “Política de Seguridad Democrática” sigue estando entre lo países con más desplazados internos del mundo, junto a Irak y Sudán, con más tres millones en lo que va de conflicto interno y más de 350.000 refugiados en otros países. En cuanto a las cifras sobre asesinatos de defensores de derechos humanos son inexactas, puesto que no todos pueden vincularse con esta actividad pero sólo la última semana de mayo, dos de ellos fueron asesinados según las Naciones Unidas. El número de desaparecidos forzosos en Colombia en los últimos tres años asciende a más de 38.000 personas que serían víctimas de la violencia de los paramilitares, de los agentes estatales y de la guerrilla, según un informe del Instituto de Medicina Legal.

Capítulo 0

Colombia vive una guerra desde hace décadas, aunque la haga silenciosamente, aunque lo llamen conflicto y la “seguridad democrática” del presidente Álvaro Uribe haya podido encubrirla para que se libre durante la noche, cuando los helicópteros del ejército alzan el vuelo y sobrevuelan las montañas y las carreteras, alumbrando a ratos con sus potentes focos. Aunque sea también durante la noche cuando caravanas militares recorran su geografía para adentrarse al amanecer en la selva. Aunque los muertos sean desaparecidos, arrojados a los ríos, descuartizados o quemados. Colombia libra una guerra en la que participan las guerrillas de las FARC y del ELN, los paramilitares y el Estado y que se ha llevado por delante la vida de miles de personas, ya sea arrebatándoles sus tierras y obligándoles a convertirse en mendigos en las urbes, o directamente asesinándolos. Matan a los campesinos, a los indígenas, a los maestros, a los sindicalistas, a los políticos, a los periodistas que se empeñan en seguir siendo ciudadanos, y acallan a base de amenazas a aquellos que, acaso hay algo más humano, quieren tan sólo seguir viviendo. Colombia, socia preferente de Estados Unidos frente a la “amenaza” de las nuevas izquierdas latinoamericanas, y de Europa, protectora de sus multinacionales y de sus grupos editoriales.

Desentrañando Colombia es un recorrido por este país a través de sus víctimas, que son también quienes demuestran la grandeza de una parte de su sociedad que lucha contra la locura a base de cordura y de compromiso con los derechos humanos. Los familiares de desaparecidos de todos los bandos que señalan públicamente a los responsables, denuncian, se organizan e incluso se ponen frente a una cámara buscando apoyo en el extranjero sabiendo que, a cambio, les puede esperar una fosa, pero que están tan preñados de dolor que sólo les queda luchar por su dignidad y la de sus muertos. Los periodistas, que tienen que vivir con la pérdida de tantos colegas, con el miedo metido en el cuerpo, con unos medios voceros del poder, teniendo que comprar ellos mismos los espacios para poder informar, periodistas que siguen siendo un ejemplo internacional del buen reporterismo. Los defensores de derechos humanos que por hablar de justicia social son señalados por el propio gobierno de Álvaro Uribe como terroristas, ayudando así a que los paramilitares sepan a quiénes deben encañonar. Los indígenas, que ven como las multinacionales les arrebatan sus tierras, su cultura y el futuro de sus hijos amparados por el Estado. Y la coca, fuente de ingreso de todos los bandos armados, para seguir bañando de sangre este país para divertimento de europeos y norteamericanos.

Conocer Colombia nos permite indagar en la naturaleza humana en sus formas más extremas. La violencia más descarnada, pero también la valentía de unos hombres y mujeres que lejos de agachar la cabeza, trabajan diariamente por la democracia, la paz, la justicia social, la libertad de expresión e información y la memoria convencidos de que la muerte sólo les arrebataría la posibilidad de seguir luchando por ellas.

Cada día publicaremos un capítulo de Desentrañar Colombia. Mañana comenzamos con el capítulo Confesiones de un ex paramilitar.